Exposición Fotográfica: Aniversario de un Golpe

Construcción del terrorismo de Estado

En marzo de 1976, parte de la sociedad argentina asumió el golpe de Estado encabezado por Videla, Massera y Agosti como una nueva intervención en el orden legal constitucional. La sociedad parecía acostumbrarse a este tipo de accionar. Cada dictadura legitimaba la anterior.

Desde septiembre de 1975 los jefes militares acordaron la implementación de un modelo económico neoliberal, definiendo una estrategia clandestina que exterminara físicamente a los integrantes de organizaciones guerrilleras, populares y estudiantiles, sindicalismo combativo, cristianismo de base. La represión fue sistemática y metódica. Imperó un plan de aniquilamiento a base de secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones.

La desaparición eliminaba el cuerpo del delito y, a la vez, al testigo. No había crimen ni culpable. Aquí entró la complicidad del poder judicial. Los jueces rechazaron miles de habeas corpus presentados por los familiares de los detenidos ilegalmente.

La democracia que protegió genocidas

La campaña política de Alfonsín (candidato del Partido Radical) en el 83, se basó en el restablecimiento del Estado de derecho y en el “juicio civil” a quienes violaron los derechos humanos durante la dictadura militar. A días de asumir su cargo, dio a conocer dos decretos que ordenaban el procesamiento de distintos dirigentes de organizaciones guerrilleras y a los comandantes de las tres primeras juntas militares. De esta forma, el gobierno sentó las bases de la teoría de los dos demonios al igualar responsabilidades.

En febrero de 1984, el Congreso derogó la ley de autoamnistía con la cual los represores pretendieron exculparse de todo cargo y evitar investigaciones penales. El radicalismo quería el autojuzgamiento militar. Así la justicia castrense podía juzgar la represión ilegal. Alfonsín “olvidó” que uno de los ejes de su campaña fue precisamente el “juicio civil”.

En 1985 las, la Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal inició el Juicio a las Juntas por que las Fuerzas Armadas rechazaron el autojuzgamiento. El tribunal sentenció a Videla y a Massera a prisión perpetua; a Viola 17 años de prisión y casi a 4 años a Agosti. Los demás no fueron condenados por considerarse insuficientes las pruebas. No se apuntó al poder político, sí a la división de responsabilidades. Tampoco se los castigó por el delito basal que fue el golpe en sí mismo.

Aprobación de las leyes de punto final y obediencia debida

El 31 de diciembre de 1986, el Congreso aprueba una iniciativa del gobierno oficial: la ley de punto final. Fijaba que quienes no hubieran sido citados a declarar antes de los 60 días posteriores a la ley, quedaban fuera de posibles acciones penales. Muchas Cámaras Federales se abocaron a tratar los nuevos casos por la cantidad de denuncias presentadas. Más de 300 oficiales quedaron procesados. Frente a las numerosas citaciones estalló una sublevación en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo.

Finalmente se firmó el Acta de Compromiso Democrático que estableció niveles de responsabilidad durante la dictadura: quienes a la fecha de la comisión del hecho revistaban como oficiales jefes, subalternos, suboficiales y personal de tropa no fueron condenados. En mayo se envía al Congreso el proyecto de ley de obediencia debida, aprobada en junio. Mediante esta ley, los “grupos de tareas” (grupos operativos clandestinos que actuaron con autonomía) quedaban exentos de responsabilidades.

Los indultos menemistas

Después de varios levantamientos carapintadas, Menem en 1989 firma el primer indulto. El listado híbrido de los 277 indultados trató de equilibrar las críticas políticas, ya que entre los desprocesados se encontraban militares y algunos guerrilleros. En diciembre de 1990, frente a otra sublevación militar, Menem anunció el segundo indulto que incluyó a Videla, Massera, Agosti, Camps, Viola, Suárez Mason; y a algunos dirigentes de la guerrilla. Los indultos simultáneos ratificaron la teoría de los dos demonios.

Los ex presidentes democráticos ampararon el accionar castrense. Esto generó frustración en amplios sectores de la sociedad. Al respecto sostenían militantes de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos “Si acá hubo juicio fue porque nosotros tuvimos el coraje de volver de la muerte para contar todo lo que nos hicieron. Nos hicieron describir las torturas, los gritos. Nos hicieron descubrir a nuestros torturadores y ahora los dejan libres”.

2005: la inconstitucionalidad de las leyes

En marzo del 98 el Congreso Nacional deroga las leyes de punto final y obediencia de vida, esto no tuvo efecto práctico. Las leyes no afectaron al futuro ya que las causas seguirían cerradas. En marzo de 2001, la justicia declara la nulidad de las leyes de la impunidad. La Cámara Federal confirma su inconstitucionalidad en noviembre del mismo año. En el 2003 también el Congreso, a través de la ley 25779, declara la nulidad de las leyes. Esto permitió reabrir centenares de casos en todo el país.

En la actualidad hay varios proyectos en el Congreso para declarar la inconstitucionalidad de los indultos, con lo cual se podrían abrir mas causas.

El presidente Kirchner ha leído la crisis del 2001/2002 mejor que el resto de la clase política. De esto se desprende la relegitimación de algunos organismos del Estado, como la Corte Suprema. Pero por otro lado desvaloriza la protesta social, criminaliza a aquellos que cuestionan este modelo neoliberal. Sigue sin solución eso que generó el levantamiento de la generación del 70 en toda Latinoamérica.

Ante el horror de la dictadura y el desencanto de la democracia, un sector de los organismos de Derechos Humanos y parte de la sociedad no claudicaron. Por eso la exposición de fotografías ANIVERSARIO DE UN GOLPE sobre la manifestación a 30 años del Golpe busca dignificar la memoria mediante la lucha diaria y cotidiana contra los genocidas de ayer y de hoy.

La exposición se celebra entre los días 6 a 30 de Mayo en la sala Artépolis de Madrid, calle Olivares 13 (Metro Lavapies).